Fueron rescatados 54 niños de entre 8 y 17 años de edad por parte de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de Justicia del Estado.
Los 54 niños junto a otros 146 más se encontraban en un rancho donde lo hacían trabajar y cumplían jornadas en condiciones de esclavitud y explotación.
Un convoy de gates, ministeriales, groms, trabajadores de la Pronnif y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos e Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se hicieron presentes, en el día de ayer, en un rancho agrícola ubicado en el ejido Estación Higo, en Ramos Arizpe, luego de recibir una denuncia.
En el lugar fueron encontrados 200 menores de entre 8 y 17 años de edad pero solamente pudieron asegurar a 54 ya que el resto huyeron.
Víctor Zamora, Secretario de Gobierno, dio a conocer que el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez había dado indicaciones de sobrevolar el predio en helicóptero, pero las condiciones climáticas lo impidieron, por lo que tuvieron que desplegar el operativo vía terrestre.
Los niños habían aceptado una oferta laboral para la pizca de distintas verduras y a cambio se les abonaría de 100 a 120 pesos por día al terminar los tres meses.
Los menores rescatados eran oriundos de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, le daban dos comidas diarias, café y un pan a la mañana y durante el resto del día les daban agua con sal para evitar deshidratación.
La modalidad de trabajo era hacer grupos de tres niños con la obligación de sumar un rollo con 3 mil 600 piezas de calabaza y/o cebollines, al terminar el día se le entregaba la mercancía su patrón quien le contaba día laborado, en caso de no hacerlo, se consideraba el día perdido.
La Procuraduría de Justicia logró detener a tres personas mayores de edad encargada de la finca, identificados como Juan Gerardo Castillo, de 39 años edad, Roberto Martínez García, de 50 y Pedro Cisneros Rodríguez, de 36 años.
Uno de los sujetos capturados era el encargado de reclutar a menores en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.
La PGJE aseguró los predios e investiga si se configura como un caso de trata de personas.
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