La Policía Nacional logró detener a doscientas doce personas por una macroestafa a 374 víctimas. La suma que han estafado sería aproximadamente de 190.000 euros. Los detenidos tendrán que llevar adelante el proceso legal por el delito de estafa, coacción y pertenencia a organización criminal.

El año pasado, en el mes de marzo una congregación de monjas en Granada interpusieron formal denuncia en la que expresaron que una empresa que se dedica a la publicidad se habría comunicado con una integrante de la congregación informándole el proyecto publicitario que habían contratado estaba culminado y que tenían que abonarlo. Ante la negativa de la congregación, porque nunca habían contratado nada, la empresa insistió en el reclamo del importe correspondiente al trabajo realizado.
Luego de la denuncia se empezó con la investigación, las primeras pesquisas dieron como resultado que la empresa de publicidad está legalmente constituida y radicada en la provincia de Málaga. Además esta empresa está relacionada con otras veinte empresas más que se encuentran ubicada Torremolinos y Málaga.
Todas estas empresas tenían algún vínculo ya sea porque los que las manejaban habían sido empleados en alguna otra o por transmitirse la lista de clientes a estafar. Tan es así que algunas personas fueron víctimas más de una vez con las empresas y en los listados intervenidos algunos de los nombres tenían anotaciones al margen relativas a la posibilidad existente de volver a reclamarles otras cantidades trascurrido un tiempo.
El objeto social de estas empresas, y la forma dada a su actividad aparentemente legal, era vender publicidad a otras empresas a través de páginas webs, aunque en realidad se dedicaban a cometer estafas en distintas maneras.
En algunos casos confundían a la gente identificándose como una famosa empresa de publicidad y así se hacían con datos fiscales y bancarios para posteriormente realizar cargos ficticios que oscilaban entre los 200 y 398 euros. En otros casos, para que la víctima efectuara el pago de supuestos servicios contratados, utilizaban técnicas autoritarias e incluso coercitivas -llegando en muchas ocasiones a coaccionar a las víctimas ante su negativa a abonar dicho importe.
Se han practicado en total 13 registros donde se ha incautado documentación que probaría las estafas y coacciones. Luego del estudio de la información recibida, los investigadores estiman que el engaño se podría haber proyectado a más de 7.000 víctimas en todo el territorio nacional, a las que habrían estafado más de 4 millones de euros.
El resultado de la investigación se pudo detener por parte de Agentes de la Policía Nacional a 212 personas como presuntas responsables de los delitos de estafa, coacciones y pertenencia a organización criminal por su vinculación a una macroestafa con un beneficio superior de 190.000 euros. Hasta el momento se ha podido detectar a 374 víctimas.
El Juzgado que lleva la causa ha ordenado el embargo preventivo de 55 bienes inmuebles valorados en más de 4,5 millones de euros, 48 vehículos valorados en 495.000 euros y 198 productos bancarios con un saldo superior al millón de euros.
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