Fue reconocido por John Roth, Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ante la Cámara de Representantes, que empleados han sido corrompidos por las organizaciones criminales mexicanas para colaborar con el contrabando de personas y drogas en el territorio fronterizo entre México y Estados Unidos.
El Inspector General manifestó que los Cárteles de México han accedido a la colaboración de los agentes del DHS a los fines de poder facilitar y realizar el contrabando de personas indocumentadas y de drogas por los caminos de inspección de los cruces fronterizos a cambio de “sobornos en efectivo, favores sexuales, y otras gratificaciones”.
Se conoce que el contrabando de drogas y personas mediante las fronteras del País son “negocios” muy importantes para las organizaciones criminales, es por ello que las organizaciones criminales hacen propuestas “seductoras” a los empleados responsables del control de la frontera a través de dinero, favores sexuales, etc. Los principales agentes a los que les realizan corrupción son los empleados de la Patrulla Fronteriza y los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por la cuestión obvia de que son los encargados del control de las fronteras y éstos facilitan el contrabando. Otros empleados “comprados” por los cárteles son los que le entregan información de inteligencia y a los que le permiten acceder a la aplicación de la ley sensible.
Roth expresa que “la corrupción fronteriza puede tomar la forma de sobornos en efectivo, favores sexuales, y otras prestaciones a cambio de permitir el contrabando y el tráfico de personas indocumentadas”.
En relación al narcotráfico se menciona el hecho ocurrido cuando un agente de la Patrulla Fronteriza permitió que 3 delincuentes cruzaran la frontera con 147 libras (66,67 Kilogramos) de marihuana. Existió otro caso en que un supervisor de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) colaboró con los narcotraficantes a los fines de evitar controles de seguridad en un aeropuerto en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
En cuanto a la facilitación del acceso a la información el Inspector General recordó un hecho en el que un empleado de la patrulla fronteriza brindó los datos a los narcotraficantes de donde se encontraban ubicadas las unidades de la corporación, los registros informáticos de las incautaciones de drogas realizados y los códigos de ingreso a las puertas que se encuentra en la frontera.
Pese a lo expuesto, Roth minimizó la problemática ya que mencionó que “sólo un pequeño porcentaje de los empleados han cometido actos criminales”. Así expresó que de las doscientas cuarenta mil personas que trabajan el Departamento de Seguridad Nacional solo hubieron un poco más de dieciséis mil denuncias en 2014 y que tan solo quinientas sesentas fueron investigadas y hubo un resultado de doscientos doce con condenas penales.
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